EL PAÍS
El Gobierno se enfrenta a un frenético final de la legislatura, con varias negociaciones complejas abiertas en el Congreso. La más urgente es la del anuncio estrella del debate del estado de la nación, los 2.500 euros por hijo. La ley que desarrolla esta medida está en plena negociación en el Congreso, y el Ejecutivo se enfrenta a un problema. La mayoría de los grupos -la práctica totalidad, entre ellos el PP, CiU, el PNV, ERC e IU-ICV- exigen que la ayuda sea válida desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el año fiscal, y no desde julio, cuando lo anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno se niega por las resistencias de Economía, que calcula un sobrecoste de 600 millones de euros, y está negociando otras contrapartidas sociales menos costosas.
El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, es una de las personas más ocupadas del partido del Gobierno en este final de la legislatura. Por su mano, y las de los ministerios correspondientes, pasan todas las negociaciones abiertas para cerrar los 43 proyectos de ley pendientes que aún están en tramitación en el Congreso y el Senado, a los que ahora se suma las nuevas medidas en política de vivienda, que también pasarán por las Cortes.
López Garrido y Jesús Caldera, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, están enfrascados en la negociación de la medida estrella de Zapatero este año: el llamado cheque-bebé, los 2.500 euros que los ciudadanos con residencia legal en España recibirán como desgravación fiscal al tener un hijo, que afectará a 480.000 madres al año.
En este momento, la mayoría de los grupos mantienen la exigencia de ampliar la medida e incluir a todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el año fiscal, y olvidarse del día en que Zapatero anunció la medida. "En este país, el presidente no es fuente del derecho. Una medida como esta no puede depender del día en que el presidente la anuncia, eso es de república bananera", sentencia Carles Campuzano, de CiU.
Consciente de esta dificultad, el Gobierno negocia a varias bandas para tratar de convencer a los grupos de que abandonen esta exigencia, con un coste extra de unos 600 millones. En realidad, la medida es para siempre, con lo que el próximo año habrá que pagarlo entero, aunque en este el Ejecutivo logre ahorrarse la mitad. El coste anual, según Caldera, es de unos 1.500 millones de euros.
A cambio de que desistan de esa reclamación, el Ejecutivo ofrecerá como alternativa menos costosa una serie de complementos de políticas sociales a desarrollar en los próximos meses. Fuentes socialistas no concretan en qué consistirían estas medidas pero explican que sus destinatarios serían colectivos muy necesitados.
El Gobierno está absolutamente convencido de que, con esta alternativa o con otras fórmulas, la ley va a salir adelante, porque nadie, ni siquiera el PP, se opone realmente a la medida y está dispuesto a votar en contra. "Incluso los que criticaron mucho la medida desde el primer día, como el PP, están ahora proponiendo ampliarla, con lo que se aprobará sin duda", explica un portavoz del Ministerio de Trabajo. El nuevo clima creado con los grupos catalanes tras el pacto presupuestario que supone un aumento del 25% en el gasto de infraestructuras podría ayudar a la negociación.
Sin embargo, la tramitación podría complicarse si el PP quisiera dificultar el trabajo del Gobierno. Los populares podrían presentar una enmienda a la totalidad de la norma que retrasaría toda la tramitación, que ya está declarada urgente. De momento, y a pesar de esas teóricas prisas, el Congreso ya ha ampliado dos veces el plazo de enmiendas, una demostración clara de que el acuerdo con los socios del Gobierno aún no está cerrado.
Los plazos, como para todas las demás leyes pendientes, son muy estrechos, porque la legislatura se acaba en Navidades y antes hay que tramitar los Presupuestos, la norma más compleja e importante de cada año que, como tal, tiene prioridad en las Cortes.
En la exigencia de incluir a todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2007 coinciden los principales socios del Gobierno que, sumados al PP, pueden conforman una mayoría alternativa, ya que el PSOE se quedó a 12 diputados de la mayoría absoluta. Bastaría con que todos votaran juntos una de las enmiendas que se presentarán para reclamar esa ampliación hasta el 1 de enero para que ese cambio, a la que el Gobierno insiste en oponerse, se convirtiera en ley. Los negociadores de los grupos están convencidos de que Trabajo estaba dispuesto a ceder en este asunto para sacar la ley pero Economía ha parado esta idea por su alto coste.
Algunos grupos, como el PP, CiU, ERC y el PNV, ponen más énfasis en la exigencia de ampliar hasta el 1 de enero la medida. Otros, como IU-ICV, apoyan esta idea, según explica Joan Herrera, pero sostienen que su prioridad es la de lograr que la ayuda sea progresiva, esto es, que no reciban los mismos 2.500 euros todos los padres, independientemente del nivel de renta, tal como propone el Gobierno. ERC también reclama esta progresividad.
En una comparecencia sobre esta iniciativa, Caldera también rechazó la progresividad: "Este es un país de clases medias. Las madres menores de 45 años con más de 60.000 euros de renta son 67.000. Esto es, sólo el 1,09% de las madres en edad fértil superan ese umbral. Sólo la complicación de gestionar esa progresividad costaría más dinero", explicó.
ERC está negociando con el Gobierno otras mejoras posibles, como la de ampliar hasta 3.500 euros la ayuda para hijos de familias numerosas, de familias monoparentales y a los niños discapacitados. IU-ICV, muy crítica con la medida, reclama que se implante ya la educación gratuita y pública de 0 a 3 años, una medida que consideran mucho más importante para las familias. Emilio Olabarria, del PNV, reclama otras medidas de conciliación de la vida familiar y ve "problemas jurídicos" a la iniciativa por su improvisación.
Mientras, el Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer un informe, citado por Europa Press, en el que critica la medida por su "carácter aislado" y reclama un marco global de apoyo a las familias que, entre otros aspectos, garantice el acceso universal a las guarderías. El Instituto de Política Familiar (IPF) apoyó las conclusiones de este informe.
El Gobierno se enfrenta a un frenético final de la legislatura, con varias negociaciones complejas abiertas en el Congreso. La más urgente es la del anuncio estrella del debate del estado de la nación, los 2.500 euros por hijo. La ley que desarrolla esta medida está en plena negociación en el Congreso, y el Ejecutivo se enfrenta a un problema. La mayoría de los grupos -la práctica totalidad, entre ellos el PP, CiU, el PNV, ERC e IU-ICV- exigen que la ayuda sea válida desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el año fiscal, y no desde julio, cuando lo anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno se niega por las resistencias de Economía, que calcula un sobrecoste de 600 millones de euros, y está negociando otras contrapartidas sociales menos costosas.
El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, es una de las personas más ocupadas del partido del Gobierno en este final de la legislatura. Por su mano, y las de los ministerios correspondientes, pasan todas las negociaciones abiertas para cerrar los 43 proyectos de ley pendientes que aún están en tramitación en el Congreso y el Senado, a los que ahora se suma las nuevas medidas en política de vivienda, que también pasarán por las Cortes.
López Garrido y Jesús Caldera, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, están enfrascados en la negociación de la medida estrella de Zapatero este año: el llamado cheque-bebé, los 2.500 euros que los ciudadanos con residencia legal en España recibirán como desgravación fiscal al tener un hijo, que afectará a 480.000 madres al año.
En este momento, la mayoría de los grupos mantienen la exigencia de ampliar la medida e incluir a todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el año fiscal, y olvidarse del día en que Zapatero anunció la medida. "En este país, el presidente no es fuente del derecho. Una medida como esta no puede depender del día en que el presidente la anuncia, eso es de república bananera", sentencia Carles Campuzano, de CiU.
Consciente de esta dificultad, el Gobierno negocia a varias bandas para tratar de convencer a los grupos de que abandonen esta exigencia, con un coste extra de unos 600 millones. En realidad, la medida es para siempre, con lo que el próximo año habrá que pagarlo entero, aunque en este el Ejecutivo logre ahorrarse la mitad. El coste anual, según Caldera, es de unos 1.500 millones de euros.
A cambio de que desistan de esa reclamación, el Ejecutivo ofrecerá como alternativa menos costosa una serie de complementos de políticas sociales a desarrollar en los próximos meses. Fuentes socialistas no concretan en qué consistirían estas medidas pero explican que sus destinatarios serían colectivos muy necesitados.
El Gobierno está absolutamente convencido de que, con esta alternativa o con otras fórmulas, la ley va a salir adelante, porque nadie, ni siquiera el PP, se opone realmente a la medida y está dispuesto a votar en contra. "Incluso los que criticaron mucho la medida desde el primer día, como el PP, están ahora proponiendo ampliarla, con lo que se aprobará sin duda", explica un portavoz del Ministerio de Trabajo. El nuevo clima creado con los grupos catalanes tras el pacto presupuestario que supone un aumento del 25% en el gasto de infraestructuras podría ayudar a la negociación.
Sin embargo, la tramitación podría complicarse si el PP quisiera dificultar el trabajo del Gobierno. Los populares podrían presentar una enmienda a la totalidad de la norma que retrasaría toda la tramitación, que ya está declarada urgente. De momento, y a pesar de esas teóricas prisas, el Congreso ya ha ampliado dos veces el plazo de enmiendas, una demostración clara de que el acuerdo con los socios del Gobierno aún no está cerrado.
Los plazos, como para todas las demás leyes pendientes, son muy estrechos, porque la legislatura se acaba en Navidades y antes hay que tramitar los Presupuestos, la norma más compleja e importante de cada año que, como tal, tiene prioridad en las Cortes.
En la exigencia de incluir a todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2007 coinciden los principales socios del Gobierno que, sumados al PP, pueden conforman una mayoría alternativa, ya que el PSOE se quedó a 12 diputados de la mayoría absoluta. Bastaría con que todos votaran juntos una de las enmiendas que se presentarán para reclamar esa ampliación hasta el 1 de enero para que ese cambio, a la que el Gobierno insiste en oponerse, se convirtiera en ley. Los negociadores de los grupos están convencidos de que Trabajo estaba dispuesto a ceder en este asunto para sacar la ley pero Economía ha parado esta idea por su alto coste.
Algunos grupos, como el PP, CiU, ERC y el PNV, ponen más énfasis en la exigencia de ampliar hasta el 1 de enero la medida. Otros, como IU-ICV, apoyan esta idea, según explica Joan Herrera, pero sostienen que su prioridad es la de lograr que la ayuda sea progresiva, esto es, que no reciban los mismos 2.500 euros todos los padres, independientemente del nivel de renta, tal como propone el Gobierno. ERC también reclama esta progresividad.
En una comparecencia sobre esta iniciativa, Caldera también rechazó la progresividad: "Este es un país de clases medias. Las madres menores de 45 años con más de 60.000 euros de renta son 67.000. Esto es, sólo el 1,09% de las madres en edad fértil superan ese umbral. Sólo la complicación de gestionar esa progresividad costaría más dinero", explicó.
ERC está negociando con el Gobierno otras mejoras posibles, como la de ampliar hasta 3.500 euros la ayuda para hijos de familias numerosas, de familias monoparentales y a los niños discapacitados. IU-ICV, muy crítica con la medida, reclama que se implante ya la educación gratuita y pública de 0 a 3 años, una medida que consideran mucho más importante para las familias. Emilio Olabarria, del PNV, reclama otras medidas de conciliación de la vida familiar y ve "problemas jurídicos" a la iniciativa por su improvisación.
Mientras, el Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer un informe, citado por Europa Press, en el que critica la medida por su "carácter aislado" y reclama un marco global de apoyo a las familias que, entre otros aspectos, garantice el acceso universal a las guarderías. El Instituto de Política Familiar (IPF) apoyó las conclusiones de este informe.
